* Prensa y violencia: Realismo*
Defender libertad con críticaCuando el 30 de mayo de 1984 fue asesinado a balazos el columnista político Manuel Buendía como represalia a sus textos de denuncia de complicidad de políticos y funcionarios con el narco, la reacción de los medios no fue de miedo, sino de profundización de la crítica. El silencio de la prensa ante el crimen organizado no es sino una forma de complicidad.Las agresiones y amenazas contra medios de comunicación por mafias del narcotráfico no deben provocar la decisión de eludir esos temas torales del corto plazo mexicano. Al final de cuentas, las agresiones contra los medios son parte de una maniobra de desestabilización de las instituciones por parte del crimen organizado para que los medios le reclamen al Gobierno y no sigan denunciando las complicidades crimen organizado-funcionarios.La agresión contra las instalaciones de Televisa-Monterrey, lo mismo que la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota, igual que las agresiones contra El Mañana de Nuevo Laredo y otras muchas contra periodistas de muchas partes de la República tienen que ver con un nuevo escenario de la prensa: El Estado como autoridad es incapaz de otorgar seguridad a la profesión de la información. Por tanto, a lo mejor es la hora de que los medios mexicanos comiencen a tomar sus propias medidas de seguridad.En un reportaje sobre la cobertura de prensa en Iraq, la revista Vanity Fair mostró el funcionamiento de la oficina del The New York Times en Bagdad: sus oficinas tienen bardas electrizadas, el periódico contrató a su propio jefe de seguridad armado y los reporteros están a punto de cargar sus propias armas para defensa. El secuestro y asesinato vil de Daniel Pearl, corresponsal del The Wall Street Journal, por talibanes criminales mostró la fragilidad del trabajo de reportero en situaciones de guerra. En Vietnam, los corresponsales fueron atacados por el gobierno de Nixon por denunciar la agresión norteamericana, aunque ahora en Iraq los reporteros van empotrados -embedded, en inglés- en los tanques de guerra para reportar los incidentes de un solo lado.Los medios deben entender que la situación en torno al crimen organizado es una guerra declarada y que la República es un territorio de operaciones de esa guerra. Bien analizado el asunto, los capos del crimen organizado parecen tener claro que las denuncias periodísticas en su contra no importan. De ahí que las agresiones a medios y periodistas respondan a otro escenario de interpretación: Cuando los medios revelan las complicidades institucionales y políticas, cuando las mafias quieren desestabilizar al Estado con reclamos sociales en su contra y cuando mandan mensajes violentos a sus adversarios.La reacción de Televisa le dio la razón a la estrategia del narco: las quejas no fueron contra el crimen organizado, sino contra el Estado, obligando al Estado a dar explicaciones. Ciertamente que el Estado tiene la obligación de otorgar seguridad a la sociedad, pero el oficio del periodista lo involucra con revelaciones que afectan los intereses de las mafias. Al final se requiere de un entendimiento medios-Estados para evitar incriminaciones desgastantes entre sí y volver a enfocar las baterías contra el crimen organizado y sus complicidades con el poder.El escenario beneficia a los capos. Las agresiones recientes contra los medios ocurren justo cuando la propia Procuraduría General de la República ha endurecido sus relaciones con los medios a partir de la vieja estrategia de “culpar al mensajero”. Los problemas judiciales con el crimen organizado no son las revelaciones en los medios de los expedientes, sino la incapacidad oficial para mantener la secrecía de los procedimientos. Y en lugar de reconocer sus fallas, la PGR quiere incriminar a los periodistas. En este escenario es previsible un aumento de agresiones del crimen organizado contra los medios, como una forma de acelerar las contradicciones y provocar mayores críticas de los medios al gobierno y no a los capos.El incumplimiento de la función del Estado no hace más que beneficiar a las mafias. El caso más singular es el del estado de Sonora, donde la pasividad del gobierno del priísta Eduardo Robinson Bours Casteló ante las agresiones del narco contra los medios ha llevado a la decisión de la prensa de no tocar ese tema delicado. Por tanto, la decisión de los gobernantes de no proteger a la prensa no tiene que ver sólo con la incapacidad, sino con la vinculación orgánica con las mafias del narcotráfico y del crimen organizado.Si se entiende más o menos bien el modus operandi del narcotráfico, las agresiones contra la prensa buscan arrinconar al Estado. Por eso la tarea de los medios debe de seguir siendo la de mostrar al narcotráfico, revelar su composición, indagar sus complicidades, echarle los reflectores encima y honrar a los caídos y agredidos con un papel activo de denuncia pública.
